Reflexiones colectivas sobre el decreto antidesahucios y la problemática de la vivienda, que han desarrollado entre diferentes colectivos que trabajan la vivienda en Bizkaia (euskeraz hemen).
Reflexiones sobre el decreto antidesahucios y el problema de la vivienda: ¿Medidas para salvar a la clase trabajadora o para reactivar la especulación?
A finales de diciembre del año pasado se aprobó en el Estado Español el conocido como “decreto antidesahucios”, anunciado a bombo y platillo como una medida de salvación para la clase trabajadora. Sin embargo, analizándolo con calma, y como suele ocurrir en estos casos, vemos que no es oro todo lo que reluce. La intención de este texto no es la de analizar punto por punto cada de norma del decreto, puesto que, desde diferentes agentes sociales, ya se han puesto sobre la mesa diversas críticas: desde la ambigüedad en la redacción de diferentes puntos (por ejemplo respecto a los criterios de vulnerabilidad, propiedad pública u okupación) a su carácter de parche corto-placista -que suspende temporalmente algunos desahucios, pero no propone ninguna medida concreta para hacer frente a la situación de pauperización que estamos viviendo respecto a la vivienda-. Por contra, y puesto que se trata de un decreto que no propone soluciones, sino que simplemente aplaza el problema, sí pretendemos remarcar aquí cuáles son las medidas que encontramos más preocupantes y por qué creemos que son un motivo más para mantener activa la lucha por la vivienda en nuestros barrios y pueblos.
Entre las medidas concretas del decreto, resultan especialmente preocupantes las compensaciones a propietarios – compensaciones a pequeños y grandes tenedores, sean estos personas físicas o personas jurídicas (es decir, empresas, bancos y fondos buitres)-. En el decreto está previsto que, en caso de suspensión de un desahucio, se compense con fondos públicos las “pérdidas” de los propietarios, pagándoles un alquiler a precio de mercado. Es decir, en realidad esta medida, disfrazada de ayuda a las inquilinas que no pueden pagar, es un traspase de dinero público a manos privadas. Una vez más, nos encontramos ante el clásico mecanismo de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios.
Diferentes agentes políticos y sociales ya han denunciado esta medida, pero el detalle más interesante, y del que se habla poco, es de dónde saldrá este dinero público: del Plan de Vivienda previsto por los últimos Presupuestos Generales del Estado. En materia de vivienda, dichos presupuestos prevén una gran inversión material en el sector por medio de la rehabilitación y de la construcción de 20.000 viviendas nuevas (el llamado Plan 20.000). El principal problema de este plan es que sus cimientos se fundamentan en lo que eufemísticamente se suele conocer como “colaboración público-privada”, y que, en la práctica, quiere decir financiación pública y ejecución (y beneficio) privada. Por un lado, el presupuesto cubrirá la rehabilitación de edificios privados -para que se conviertan en eficientes a nivel energético-, cosa que seguramente hará subir su precio de mercado; por otro lado, el Plan 20.000 prevé que el Estado ofrezca suelo público gratuito y avale la financiación para la construcción de 20.000 viviendas. De dichas construcciones se harían cargo constructoras y promotoras privadas, y estas últimas se comprometerían a gestionar el alquiler de las viviendas a precios reducidos durante los primeros 75 años, sacando, aún así, beneficio de ellas.Es decir, lo que se vende como un plan revolucionario en materia de vivienda, como un plan diseñado para responder al problema de las clases populares para acceder a una vivienda digna, en realidad no es más que un plan de rescate para el sector inmobiliario y de la construcción. Si además a este plan de rescate le sumamos las compensaciones a bancos, empresas y fondos buitres previstas por el nuevo “decreto antidesahucios”, podemos entender en su totalidad la estrategia del gobierno respecto a la vivienda: reforzar la especulación inmobiliaria y defender a la gran propiedad de la burguesía.
Estamos viviendo un momento de crisis sistémica y de pauperización de la clase trabajadora, en el que el problema de la vivienda se está convirtiendo en una lucha cotidiana por la supervivencia de las desposeídas. Frente a esto, en lugar de apostar por desmercantilizar la vivienda e impulsar cambios radicales para que el acceso a esta sea universal para todas, con las últimas medidas -tanto con las estructurales (como los presupuestos sobre vivienda) como con las coyunturales (como el “decreto anti-desahucios”)- parece que el gobierno “progresista” está caminando en la dirección contraria: reforzar el sector de la construcción y el inmobiliario, responsables de la burbuja inmobiliaria y de la mercantilización de la vivienda, y ceder más poder económico y social a las clases propietarias.
Por tanto y frente a todo esto, renovamos nuestra apuesta por la lucha en los barrios y en los pueblos, conscientes de que el acceso a una vivienda digna no nos vendrá regalado desde ningún gobierno, ni desde ninguna institución, sino que es un derecho que tenemos que conquistar las desposeídas por nuestros propios medios, por medio de la solidaridad y la lucha de clases.